Problemática de los centros de reclusión para menores infractores

"No somos responsables de todo lo que pasa con menores infractores”: Icbf

Jhon Arley Murillo, director del Icbf Valle, habla del problema de los centros de reclusión y dice que las autoridades no responden como deben.
Por: Andrés Felipe Becerra I. | Reportero de El PaísLunes, Octubre 7, 2013


Como ya había pasado en Buga, el anuncio de construir un centro de reclusión para menores infractores en Tuluá, generó una fuerte polémica. Mientras algunos concejales dicen que los jóvenes merecen una oportunidad otros cabildantes afirman que la obra dañarían la tranquilidad de los tulueños.
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Jhon Arley Murillo, director regional del Icbf.
Bernardo Peña / El País









El problema con los menores infractores en el Valle del Cauca, en especial en Cali, pareciera no tener solución. El viernes 27 de septiembre los desórdenes en Valle del Lili dejaron 40 menores fugados, seis aprehendidos, seis heridos y un menor muerto días después; el lunes pasado se registró un motín en el Centro Transitorio por el hacinamiento en el que están los jóvenes y, para rematar, no hay dónde construir un nuevo lugar para albergar a más muchachos sancionados, tras la negativa de Buga con la obra.
Ante esto, Jhon Arley Murillo, director regional del Instituto de Bienestar Familiar, Icbf, ha sido muy cuestionado en cuanto a la responsabilidad que tiene la entidad con los menores. Murillo afirma que está cansado de que se señale al Icbf cada vez que se registra alguna eventualidad de este tipo, “cuando la responsabilidad es de Icbf, Policía, Alcaldía y Gobernación”.

Otra vez hace un llamado a la Policía para que refuerce la seguridad perimetral en los centros de atención y reclusión, como Valle del Lili. ¿Qué está fallando en este aspecto?

Lo que pasa es que hay una corresponsabilidad mal manejada: todos somos responsables, pero nadie responde de igual manera. El Código de Infancia y Adolescencia dice que la Policía es la encargada de brindar seguridad a los centros donde se ejecuten las medidas y sanciones impuestas por los jueces. Lo complicado está en que el número de policías que históricamente se designa en los centros no es suficiente, por ejemplo, hoy en Valle del Lili solo hay cuatro agentes para custodiar 350 jóvenes y eso a pesar de que la Policía había asumido un compromiso de tener ocho policías, pero no han cumplido. Así ocurrió en el incidente del pasado 27 de septiembre, donde no fueron capaces de hacer una contención inmediata y oportuna y tuvieron, como siempre, que esperar una hora a que llegara el Esmad.

También pidió crear un cuerpo de seguridad especial para la protección de los menores al interior de los centros de reclusión. ¿De dónde nace esta propuesta?

La propuesta nació de una reunión tras una serie de incidentes en abril pasado en Valle del Lili y Buen Pastor. En la mesa de trabajo propuse que deberíamos contratar como Icbf un equipo de seguridad, al igual que hacemos con los educadores que hay en los centros. El Instituto ha presentado varias propuestas en el tema de seguridad para no depender de la Policía.

¿Entonces los educadores siguen haciendo la tarea de pedagogos, sicólogos, trabajadores sociales y también de “vigilantes”?

Sí, y eso implica que se está distrayendo al Icbf de la responsabilidad primaria que es la de brindar la medida pedagógica. A pesar de eso, nosotros estamos cumpliendo con el papel educativo, así como lo hicimos, por ejemplo, con la hoy modelo Kelly Sayori Usurriaga, que es uno de los casos más visibles.

En la fuga de Valle del Lili quedó demostrado, una vez más, lo fácil que es escapar del centro de reclusión...

No es lo fácil de escapar. En Valle del Lili se ha reforzado las medidas de seguridad, hay más de $2.000 millones invertidos en este punto. La Alcaldía está aportando este año $609 millones para ciertas obras, entre las cuales está otra concertina. Pero no es la logística, es el tiempo de reacción de la Policía. En el caso reciente los jóvenes tuvieron tiempo de dañar los arcos de fútbol, subirlos al muro, trepar y escapar.

¿Cuánto ha invertido el Icbf en el tema de infraestructura y seguridad en Valle del Lili y Buen Pastor?

El Icbf en los últimos cuatro años ha invertido alrededor de $12.800 millones entre Buen Pastor y Valle del Lili, en materia de infraestructura para ampliar cupos. Gracias a esto hoy atendemos a 691 jóvenes. La Alcaldía y la Gobernación han aportado alrededor de $3.000 millones y $1.500 millones, respectivamente, en los últimos años.

¿Cómo es esto de que Cali es el único municipio del Valle que no tiene aún un Centro Transitorio para menores financiado y operado por la Alcaldía?

Sí, la capital del Valle es la única ciudad del departamento donde la Alcaldía no tiene la administración, manejo y financiación de un Centro Transitorio. El Icbf ha puesto voluntariamente dos centros transitorios, el del centro y el del barrio El Trébol. Pero la responsabilidad de adecuar los cupos y poner los espacios es de la Alcaldía y la Gobernación, así lo dicta la ley y así funciona hoy en otros municipios.

Pero la Alcaldía dice que el transitorio se está haciendo en Valle del Lili, donde están ampliando cupos...

No, aquí hay una imprecisión y eso se lo aclaré a la Alcaldía. En el Valle del Lili no puede quedar un Centro Transitorio porque estos lugares deben estar cerca a los juzgados por la simple razón de que los jóvenes tienen que estar disponibles y ser trasladados por la Policía a las audiencias.

En el Centro Transitorio que está ubicado en el centro de Cali hay cupo para 17 menores, pero lo que se sabe es que hay un cuarto con muchos más jóvenes de los permitidos. ¿Qué está pasando realmente en este lugar?

Este tema es responsabilidad de la Policía. La realidad es que en el Centro Transitorio hay hacinamiento y eso es a causa de no poder llevar más jóvenes a Valle del Lili y a Buen Pastor porque está llena la capacidad de cupos.
En el transitorio tenemos cupo para 17 menores y hoy hay alrededor de 40, entonces hay un cuarto que el Icbf le adecuó a la Policía para cuando llevaran jóvenes de los centros de reclusión a las audiencias, pero la Policía lo ha utilizado irregularmente y está ubicando allí jóvenes ya sancionados.

Si los centros de reclusión están para resocializar, ¿por qué algunos menores que han estado allí o están todavía mencionan que hay sitios conocidos como celda de castigo?

En nuestros centros no pueden haber celdas de castigo, hay espacios de reflexión que, incluso, el Icbf nacional dijo que ni siquiera esos lugares pueden existir. Lo que sí existe son módulos para jóvenes que requieren una atención especial, por su conducta.

Cada vez que la Policía hace una inspección en Valle del Lili o Buen Pastor muestran cantidades de armas blancas y licor que estaban en manos de los jóvenes. ¿Esto qué evidencia?

Evidencia que existen debilidades en el ingreso a los centros y que la Policía debe reforzar las medidas de control y seguridad. No hay un plan de seguridad definido, como si lo hay cuando alguna personalidad llega a la ciudad, o hay un partido de fútbol, o una marcha... pareciera que la seguridad en los centros de reclusión de menores fuera la última prioridad.

¿Por qué Buga le dijo no a la construcción de un centro de reclusión?

Hay una estigmatización muy fuerte sobre los jóvenes infractores en el país. Ejemplo de eso es la triste decisión de Buga de no permitir la construcción de un centro de reclusión para menores, cuando fueron los mismos alcaldes del centro del Valle quienes le pidieron al Presidente la construcción de ese lugar en Buga. Estoy un poco molesto porque ha sido una obra que he venido gestionando desde hace cuatro años y ahora que por fin se iba a hacer realidad, que estaban los recursos ($25.000 millones), está en riesgo por esa negativa. Ojalá que en Tuluá y en Cartago, donde hay voluntad por parte de las alcaldías de recibir la obra, se pueda concretar algo.

¿No le cansa que cada vez que se presenta una eventualidad con los menores en Cali, la Policía sale a hablar una cosa, la Alcaldía otra y así, incluso Los Capuccinos y demás operadores de los centros?

El tema es desgastante, pero la postura que yo debo manejar es directamente con lo que la ley me obliga. Y esa ley me dice que tengo que aumentar las medidas pedagógicas y en ese orden de ideas estamos cumpliendo. Pero también me dice que el Icbf tiene que realizar pedagogía con todas las autoridades competentes de la ciudad para que sepan que les corresponde. Hay que entender que el Instituto no es responsable de todo lo que pasa con los menores infractores, cada entidad tiene responsabilidades que no se las ha inventado Bienestar, sino la ley.

En Cali cada día, según las autoridades, detienen entre 15 y 20 menores por diferentes delitos. ¿Como están las cosas, usted cree que la situación con los menores tiene una solución?

Solución debería de haber, pero como están las cosas hoy a nivel de recursos e inversión en prevención no le veo cara a que esto tienda a mejorar. En Cali se aumentan los cupos para menores infractores e inmediatamente se llenan, lo que quiere decir que en vez de disminuir el delito protagonizado por menores, se aumenta. Son en promedio 220 jóvenes que se detienen y que pasan por el sistema mensualmente y de esos el 30 % son privados de la libertad. Y en Valle del Lili y Buen Pastor se libera un cupo cada 20 meses

.Fuente: Diario El País 

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